El Estado, a través de la Constitución Política de la República de Nicaragua(la Constitución, Cn.) y las leyes aplicables, ha asignado a la Dirección General de Ingresos(DGI) una serie de facultades entre las que se encuentran la de fiscalización, la cual estáencaminada a verificar que los contribuyentes están declarando y pagando sus impuestosde forma íntegra y correcta. En consecuencia, este procedimiento pretende investigar,controlar, y verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de loscontribuyentes.Durante el procedimiento de fiscalización, la DGI actúa de conformidad con el CódigoTributario y sus reformas que le asigna en su artículo 12 «la facultad, obligación yresponsabilidad de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria». Lo anterior, con elfin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 112 y 113 Cn, relacionados conel Presupuesto General de la República. No obstante lo anterior, cabe cuestionarse siesta facultad de fiscalización autoriza a dicha entidad a solicitar información que pudieseafectar el derecho a la privacidad del contribuyente, un derecho constitucionalestablecido en el artículo 26. ¿Qué límites tiene la discrecionalidad que le otorga lalegislación vigente a la DGI? ¿Qué alternativas tiene el contribuyente para defender suderecho constitucional a la privacidad?En el presente artículo se lleva a cabo un análisis de las facultades discrecionales que tienela DGI, así como sus implicaciones en los derechos fundamentales de los contribuyentes.Como base para este artículo hemos consultado leyes, reglamentos, publicacionescientíficas, sentencias, entre otros.