La consolidación de los Estados constitucionales de Derecho ha generado una serie de consecuencias en la vida cotidiana de las personas. Hoy el aseguramiento, protección y promoción de los derechos humanos y fundamentales se han transformado en la piedra angular de los sistemas institucionales, puesto que limitan el ejercicio de la soberanía estatal; por ende, constituyen restricciones de conducta para los agentes del Estado y los particulares. Lo anterior se ha visto reforzado por el desarrollo del Derecho internacional de los derechos humanos; debe existir una coordinación y conexión del ordenamiento doméstico con el internacional. En dicho contexto se plantea este trabajo, que aborda una de las garantías del debido proceso, como es el derecho que asiste a todo justiciable de obtener una respuesta jurisdiccional correcta, de calidad, efectiva y oportuna, con pleno respeto de los derechos, valores y principios involucrados, materializada a través de los recursos procesales que debe franquear la ley. Garantía que se ha visto mermada por la introducción de procesos orales, resguardando la sentencia como si se tratase de una verdad irrefutable, debido a que el juez la obtuvo mediante el contacto directo con las partes y sus medios de prueba, lo que pone en jaque al sistema de justicia estatal con el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derecho al recurso.