La implementación del sistema acusatorio y adversarial tiene un fondo de carácter internacional y otro nacional, el primero, económico, a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio conocido como TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) o sus siglas en inglés NAFTA (North America Free Treatment Agreement) en el año de 1994, impulsado por el entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Carlos Salinas De Gortari, las naciones participantes que lo integraron fueron Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y México. Como consecuencia instaron a nuestro país a considerar una reforma estructural en el sistema de justicia, pues, desde la perspectiva internacional, presentaba un gran atraso, además de no garantizar un marco de seguridad jurídica confiable, equilibrado y expedito, era claro que hasta ese momento nuestro esquema procesal era prácticamente obsoleto, generando procesos penales lentos y tortuosos, manteniendo al que en ese entonces se denominaba "presunto" en prisión. Desde el punto de vista nacional, se hacía necesario reconfigurar el proceso, por razones diversas, entre ellas, que el sistema carcelario se encuentra saturado, sobrepoblado, no pocas veces a más del doble de la capacidad de alojar internos, haciendo imposible la reinserción social del delincuente. En México ya existían los juicios orales pero se dejaron atrás, para pasar al sistema de "escritos", el último registro de ellos, fue en el año de 1929, no fue hasta la reforma Constitucional del año 2008 en que se hacen presentes, casi ochenta años después.