Ya no caben dudas, a esta altura de la historia, que de todos los sistemas de enjuiciamiento penal el más perfectible humanamente es el adversarial. Si el objetivo no es otro que hacer justicia, ésta lleva naturalmente ínsita la condición de imparcialidad del juzgador y el mecanismo que mejor garantiza esta condición es aquel en que él esté sólo limitado a ello, despojado de toda facultad de actuar oficiosamente: ya sea en la promoción o continuación de la acción; de incorporar pruebas, o de intervenir en la producción de éstas. De todo ello sólo se deben encargar las partes, que por ser adversarias cada una tiene el interés en ganar la contienda que generó el proceso; por ende, de modo exclusivo y excluyente son las que tienen que manejar los hechos por los que se acusa, la línea conveniente de defensa, la producción de las pruebas que estimen pertinentes y el control pleno y amplio mutuamente en la realización de cada una de ellas.