Factual proceso de constitucionalización del derecho hunde sus raíces más profundas en la propia etapa de formación del Estado de derecho, donde Constitución era entendida solo como una mera norma política carente de contenido jurídico vinculante y compuesto únicamente por una serie de disposiciones regulatorias de la labor de los poderes públicos. Sin embargo, en la actualidad, no cabe duda de que la Constitución es la norma jurídica suprema del ordenamiento normativo nacional. Esta transición solo ha sido posible a partir de dos procesos sucesivos. El primero, cuando los derechos públicos subjetivos del Estado liberal se transforman en derechos fundamentales e incorporan valores, principios constitucionales y derechos socioeconómicos en el Estado social de derecho, a partir de la segunda posguerra. Este hecho obligó, sobre todo a los jueces y tribunales, a la aplicación directa de la Constitución, ya no solo dentro de lo jurídicamente debido, sino además dentro de lo constitucionalmente posible. El segundo proceso surge cuando la Constitución se legitima como norma democrática suprema con carácter vinculante para los ciudadanos y los poderes públicos, en la medida en que tienen el deber de cumplirla y defenderla. Así, la Constitución ha ido desplazando a la ley y a su principio de legalidad como la fuente suprema del derecho de la cual emana todo el ordenamiento jurídico y vincula directamente a los poderes públicos y privados; lo cual no es solo un cambio de posición jerárquica de las normas, sino que lleva a replantear la manera de entender el derecho, la jurisprudencia, la jurisdicción y el propio rol del juez. Si el ordenamiento jurídico constitucional debe ser dinámico y vital, el concepto de Constitución se convierte en un concepto interpretativo por excelencia, donde la creación del Derecho no es algo que viene ya acabado por la norma, sino que se convierte en el producto de una interpretación constructiva a partir de la relación que se establece.