A partir de que México se incorpora en 1994 a la OCDE, comienzan una serie de reformas a las leyes fiscales, que si bien parecen interminables, se implementaron en forma gradual de 2014 a 2022, creando así nuevos conceptos, figuras jurídicas (como por ejemplo el tercero colaborador fiscal, el asesor fiscal, esquemas reportables, entre otros), procedimientos administrativos (como lo es la presunción de operaciones inexistentes, revisión de razón de negocios, etc.) y sanciones (como la impuesta al asesor fiscal por $22,190,000.00). Lo anterior, en aras de combatir la evasión y la defraudación fiscal, intentando ser concordantes con las 15 Acciones BEPS de la OCDE y del G20, y con el entorno fiscal internacional. Por lo que, derivado de un análisis profundo de las referidas reformas fiscales, desde una perspectiva objetiva, a la luz de la hermenéutica jurídica, encontramos lo que podríamos llamar “presuntas inconsistencias legales”, que se contraponen en forma directa con los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con los Derechos Humanos, que incluso se oponen a los criterios que ha emitido tanto el Poder Judicial de la Federación, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; por lo que por primera vez se presentan ante usted, derivado de un estudio exhaustivo y detallado, expuesto de una forma clara, aquellas presuntas “controversias fiscales”, en las que se advierten diversas violaciones a los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica de los contribuyentes, que inexorablemente nos llevan a considerar si las citadas reformas implican consecuentemente su presunta inconvencionalidad.