Actualmente la mayoría de los Estados americanos han intentado resolver el problema de la delincuencia organizada, principalmente, con un enfoque represivo y frontal ––provocando el aumento en los niveles de violencia y altos costos económicos y humanos asociados–– y el endurecimiento de las penas, principalmente privativas de la libertad ––lo que aumenta el número de internos en las prisiones, pero no erradica problema principal. El fracaso de este tipo de estrategias se debe principalmente a la crisis en la cual el derecho penal está inmerso desde hace años. Esta crisis se generó por la dificultad que los juristas tienen para dejar atrás concepciones arcaicas sobre las penas, los recintos penitenciarios y su función dentro del estado y el poco conocimiento de políticas enfocadas a la prevención. Estas políticas no suelen ser consideradas porque sus resultados no son visibles en un periodo corto de tiempo, lo que las vuelve impopulares en ciertos sectores sociales. Estos mismos sectores sociales exigen resultados inmediatos a sus autoridades, quienes ante la presión de sus posibles votantes, recurren a la doctrina más represiva del derecho penal, el derecho penal del enemigo. Independientemente del enfoque penal que se le quiera dar a la delincuencia organizada, se debe de considerar que es un fenómeno que cuenta con múltiples aristas, por lo que sería apropiado enfrentarlo de la misma manera, con un enfoque multidisciplinario, no sólo desde un punto de vista penal, sino sobre todo buscar un consenso global para unificar esfuerzos y hacer frente a un problema mundial que, aunque no lo queramos ver, afecta a todos de un modo u otro.