Las constituciones son el símbolo del Estado de derecho, su vigencia efectiva da cauce institucional a la actuación de los factores reales de poder; por ello, su objetivo esencial consiste en contener los abusos del poder político, ya que quienes lo poseen no han sido capaces, por autolimitación voluntaria, de abstenerse de hacer uso excesivo de su posición de autoridad (quizá esto sea propio de la naturaleza humana), de ahí que la evolución del constitucionalismo se debe medir por la construcción e incorporación consciente de instituciones para controlar el poder y evitar sus abusos. Han pasado muchos siglos para que el hombre político aprendiera que una sociedad justa reconoce y garantiza los derechos humanos y se afianza con la existencia de límites impuestos a los poderosos, con independencia de si la legitimación de su dominio tiene fundamentos fácticos o jurídicos; la mejor manera de alcanzar este propósito estriba en la imposición de frenos a quienes disfrutan del poder, mediante un sistema de reglas fijas con base en la Constitución. En México, la alta responsabilidad de mantener los equilibrios y contrapesos para la adecuada conducción de la función gubernativa y legislativa corresponde al Poder Judicial. Así como la democracia privilegia a las mayorías, el litigio favorece al individuo, de modo que el pueblo no debe temer a los malos gobernantes: son éstos quienes deben ajustar sus actos a las pautas de regularidad constitucional, pues, de lo contrario, las entidades para su defensa los volverán al orden y camino correcto. El juicio de amparo ha sido la aportación mexicana a este modelo de democracia constitucional; es sin duda una institución muy respetada y reconocida como medio de defensa frente a los excesos del poder. La eficacia del juicio de amparo depende de su sencillez, para que esté al alcance de cualquier quejoso; de sus efectos, para que en verdad lo proteja, y de su fuerza, para que efectivamente se ejecuten sus resoluciones. Como toda construcción jurídica, debe sustentarse en el ejercicio ético y la buena fe, aunque por desgracia también se ha abusado de esta acción constitucional, de suerte que se ha recurrido al derecho penal para preservarla; tanto autoridades como quejosos pueden incurrir en conductas ilícitas, sancionadas por las normas penales. Esta magnífica obra analiza los delitos relacionados con el juicio de amparo, con perspectiva práctica; su lectura resulta obligada para toda autoridad y para quienes ejercen la abogacía en el foro o desde la visión de la magistratura. Dr. Ricardo Sodi Cuellar Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México