A casi tres años de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción es necesario tanto revisar las áreas de oportunidad que existen para mejorar la legislación como analizar las cuestiones que obstaculizan el debido funcionamiento del régimen. En esta tercera edición, el autor comienza haciendo una serie de reflexiones prácticas y un estudio de las particularidades que existen en las legislaciones estatales en materia de responsabilidades administrativas, que difieren de la ley general. Asimismo, propone reformas integrales a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para mejorar la redacción de varios artículos, introducir la facultad de los órganos internos de control para imponer sanciones económicas cuando existan daños o perjuicios patrimoniales, adicionar los tipos de conflicto de interés que puedan existir de acuerdo a las definiciones que ha desarrollado la OCDE, transformar las directrices en “obligaciones generales” y definir los principios que rigen el servicio público. Además de establecer la posibilidad de que las faltas consideradas no graves puedan ser calificadas como graves conforme a algunas características de su comisión y ampliar el catálogo de faltas. En cuanto a las faltas graves, se pone a consideración cambiar esta denominación, a efectos de no equipararlas a delitos y darles el contexto adecuado, así como armonizar el repertorio de sanciones a las faltas no graves y graves, disponiendo respecto de las primeras desde la amonestación hasta la suspensión por noventa días y desde la destitución hasta la inhabilitación por veinte años en el caso de las segundas, entre otras propuestas.