A pesar de que la historia del Derecho Electoral Mexicano empieza en 1812, es en 1986, con importantes reformas constitucionales, cuando se inicia la sistematización de los diversos medios de impugnación en materia electoral federal, y se instituye el Tribunal de lo Contencioso Electoral, primer órgano jurisdiccional especializado en esta asignatura. Ya para 1993, por mandato constitucional, el Tribunal Federal Electoral obtuvo el rango de máxima autoridad jurisdiccional electoral. Ahora bien, las controversias de intereses jurídicos derivadas de la preparación, realización y calificación de las elecciones, han dado origen a una nueva rama jurídica: el Derecho Procesal Electoral, que si bien en sus inicios se ha caracterizado por sus deficiencias y omisiones, ello no impide postular su existencia y autonomía, sin mengua de reconocer la ingente necesidad de sistematización legislativa, jurisdiccional, didáctica y científica, para lo cual se pretende una aportación con la presente obra. Por lo anterior, en este trabajo se explica el origen, naturaleza jurídica y ámbito de competencia de esta nueva rama jurídica. Asimismo, se expone el denominado sistema de medios de impugnación, de acuerdo a la vigente legislación federal electoral, tanto del orden constitucional como legal, además de tener presente la jurisprudencia. A este estudio se agrega el de la facultad indagatoria de la Suprema Corte sobre hechos posiblemente violatorios del voto público. Finalmente, se exponen las bases fundamentales del Derecho Procesal en general, así como la autonomía de diversas ramas del Derecho, a fin de contar con los elementos suficientes para sustentar la existencia y autonomía del Derecho Procesal Electoral. Como corolario se propone el contenido de dos ordenamientos indispensables: el Código Federal de Procedimientos Electorales y la Ley Orgánica del Tribunal Electoral.