La corrupción es un problema grave , quizás el más preocupante en México, cuya regulación se ha dejado al derecho, particularmente al derecho penal. La regulación, control, penal, sin embargo, no establece un delito de corrupción como tal y, en cambio, se basa en que los antiguamente conocidos como delitos cometidos por servidores publicos, hoy son hechos de corrupción. Ello, además de erróneo, ha dificultado sobremanera el establecimiento de una política criminal que sirva en efecto para prevenir, perseguir y sancionar la corrupción desde las normas penales. A partir de lo anterior, el autor analiza la teoría jurídica de la corrupción, su regulación como categoría jurídica del derecho en general y del derecho penal en particular; cuáles son las bases de una apropiada política criminal para afrontar eficazmente el problema en México y en qué forma habría que modificar la normatividad para lograrlo, especialmente a través de la emisión de una Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Corrupción que, entre otros elementos, contenga los tipos penales básicos de corrupción en el sector publico y en el sector privado, así como los tipos penales específicos que tutelen los bienes jurídicos propios de la corrupción y dejen a salvo los delitos cometidos por servidores publicos o en contra de la administración publica.