El sistema acusatorio mexicano se ha ido consolidando desde hace varios años a partir de la experiencia y conocimientos que han generado sus propios operadores mediante su diario manejo en las salas de audiencia: primero, desde la óptica de la práctica judicial local de entidades federativas —como Chihuahua, Oaxaca, Zacatecas o Durango—, las que, entre otras más, comenzaron dicha actividad mediante la aplicación de una legislación procesal penal propia, así como, luego, de la intervención de las autoridades federales, tanto al conocer de delitos del fuero federal como al establecer criterios para la interpretación del propio sistema acusatorio mediante el establecimiento de conceptos que permitan entender el alcance y contenido del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este interesante camino han destacado, sin lugar a dudas, aquellos operadores del sistema acusatorio que no se han conformado con intervenir en el mismo, ya sea como jueces, defensores, agentes del Ministerio Público o abogados victímales, sino que, como la autora ESPERANZA SOTO ALONSO, quien se desempeña de manera brillante como defensora pública federal, se han preocupado por consolidar el proceso penal mexicano desde la generación de una doctrina que permita no sólo difundir su contenido y principales figuras e institutos, sino colaborar al mejor y mayor entendimiento de todos los abogados y estudiantes de derecho interesados en dicho tópico.