En el proceso penal, el inculpado y la víctima tienen el derecho de obtener justicia, a ese derecho corresponde la obligación por parte del Estado de administrarla, no sólo decidiendo conforme a Derecho y motivando sus decisiones, sino también aplicándola en un plazo razonable. Es decir, la actividad de juzgar en materia penal no consiste simplemente en decidir si una persona es culpable o inocente, sino también decidir sin dilaciones indebidas. El inculpado siempre espera que se defina su situación jurídica y eventualmente su absolución, pero también la víctima u ofendido por el delito pretende la reparación del daño dentro del plazo más razonable posible, cumpliéndose así el fin del proceso penal sin dilaciones indebidas. El delito sin pronto castigo y el ofendido o víctima sin expedita reparación traen como consecuencia una defectuosa prestación del servicio público de administrar justicia. Un proceso no puede ser justo cuando se desplaza injustamente en el tiempo, sobre todo si el inculpado está sujeto a prisión preventiva. El tema que se desarrolla en esta obra es precisamente el derecho a un proceso justo sin dilaciones indebidas, el cual, por desgracia, no es suficientemente conocido y respetado en México. La intención del autor es explorarlo a profundidad con el fin de enriquecer el debate.