La educación, en su categoría de bien de interés público y derecho social, demanda sumar todas las fuerzas posibles del ámbito político y social para asegurar el acceso y la permanencia en el servicio, pero, sobre todo, a una educación de calidad que permita hacer frente a los retos de la sociedad del siglo XXI. En gran medida, de este bien dependen el presente y el futuro de la sociedad, por lo que corresponde a todos preservarlo y mejorarlo. En cualquier caso, la mejora de la educación será un logro o fracaso colectivo.