Sin duda, la Constitución clama su vigencia de manera efectiva en el terreno de la vida misma, pero sobre todo cuando se presenta un conflicto jurídico de relevancia constitucional ya sea en el ámbito dogmático u orgánico. Es por ello que era necesario el nacimiento de un orden procesal sui generis que permita concretizar la Constitución, cuyas características, principios e instituciones procesales estén guiados por una finalidad concreta: la preservación del orden constitucional y la defensa de la persona humana, hablamos así del denominado derecho procesal constitucional, instrumento que permite la exigibilidad jurisdiccional de la Constitución misma, teniendo en cuenta la naturaleza del conflicto y su necesidad de una tutela de urgencia. Se suma a ello, la presencia de jurisdicciones especializadas como el Poder Judicial en general, y el Tribunal Constitucional en particular, cuyos órganos están encargados de impartir justicia constitucional. Es así que a través de la jurisprudencia constitucional o derecho vivo, viene vigorizando este principio de supremacía constitucional. En suma, el derecho constitucional y procesal constitucional son las dos caras de una misma moneda, cuyo principio de supremacía constitucional los une. Por ello, su estudio es cada vez más importante.