Hoy como nunca antes se debe revisar la estructura toda del derecho penal, lo mismo que su fondo. Son visionarias las palabras, que repito, del gran jurista español Luis Jiménez de Asúa: -este hecho, grandioso y terrible, que pone en manos del estado el ius puniendi, debe ser sometido a investigación, empezando por su pretendida legitimidad... -la posición es lógica en los técnicos puros, a los que acabamos de aludir, que abominan de todo asunto filosófico; pero es incongruente en los que creen que el derecho penal debe estar animado por una concepción filosófica, puesto que el más directo vínculo entre derecho penal y filosofía radica en las cuestiones que plantea el ius puniendi y las escuelas y teorías penales-. Es que el eje diamantino de nuestra disciplina es precisamente ese hecho -grandioso y terrible-, el castigo, la pena. ¡y también nada menos que su pretendida legitimidad! Palabras sibilinas, casi proféticas, que se deben pensar y repensar una y mil veces. Esa -pretendida legitimidad- se ha olvidado o casi olvidado ante el embate feroz de la violencia, de la delincuencia, tanto a escala nacional como internacional. Pero el asunto sigue en pie y su problemática inquietando al estudioso. Los técnicos puros, ya se sabe, no admiten la concepción filosófica que debe animar al derecho penal y han impregnado con su técnica el análisis dogmático, normativo y filosófico del delito. A mí me gusta usar al efecto la palabra -desculturizar-. Han -desculturizado- y deshumanizado al derecho penal. Además y en nombre de una praxis siempre sospechosa y a menudo acomodaticia aquellos técnicos puros, o mejor dicho impuros, se niegan persistentemente a someter a investigación de hondura el ius puniendi. Y en consecuencia el propio estado o sus órganos como el poder legislativo tampoco investigan, seguramente para conservar su statu quo.