La Constitución Española de 1978 contiene dos preceptos que fundamentan la formulación de un principio general del Ordenamiento jurídico-penal que puede denominarse de resocialización. El primero de los preceptos es de orden general y está contenido en la Constitución, en el que además de establecer como fin de la actuación de los Poderes públicos el hacer real y efectiva la libertad y la igualdad, contiene el mandato de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Este mandato tiene su plasmación más fuerte en las zonas sociales sometidas a marginación, la cual es institucional y social; no sólo durante y con posterioridad a la aplicación de la pena de prisión, sino también en un momento anterior, en el de la selección institucional de los sujetos que serán objeto de la represión.