Dos fenómenos de gran importancia son los que marcan, en términos de los retos a la gobernabilidad que implica el crimen organizado en México, la mayor parte en este tomo: la “segunda ola de violencia de la guerra del crimen organizado” y el inicio de la administración de López Obrador. El principal objetivo de la política es la consecución de un grado razonable de estabilidad social. Ello se alcanza cuando la cooperación supera al conflicto, o bien cuando el conflicto es canalizado de modo que no altere la gobernabilidad. Los delincuentes, como categoría de personas, representan una amenaza judicial; sin embargo, en cuanto se organizan pueden convertirse en una amenaza política. Una organización se convierte en un desafío para el Estado por dos medios: cuando se lo propone o bien cuando resulta disfuncional en términos estatales. El primer tipo de amenaza es el que constituyen los grupos insurgentes que se valen de métodos o actividades mafiosas para la apropiación de los recursos que utilizan con fines políticos. Los grupos del crimen organizado mexicano son ejemplo del segundo tipo de amenaza. Las actividades del crimen organizado mexicano dificultan la gobernabilidad, pero no disputan el poder político ni la dirección del Estado en el nivel nacional. En lo local, en algunas regiones, la situación es muy distinta. Hemos recurrido a un modelo teórico, con evidencia empírica, para mostrar cómo es que actúa dicha dinámica.