Los derechos de las personas indígenas que enfrentan un proceso penal en México han sido y son comúnmente transgredidos: causas en las que no se cuenta con un traductor, defensores públicos que carecen de los conocimientos necesarios sobre lengua y cultura de sus defendidos, centros penitenciarios incompatibles con las prácticas cotidianas que dan contenido a una cosmovisión, y un largo etcétera. La entrada en vigor del sistema de justicia adversarial en México plantea la posibilidad de que las jurisdicciones indígenas en nuestro país sean incorporadas expresamente como instancias decisorias de conflictos de índole penal, a través del esquema previsto en el artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales que contempla la extinción de la acción penal y se decline competencia para que los conflictos se resuelvan al interior de las comunidades indígenas. Sin embargo, así como esa posibilidad plantea nuevas oportunidades y derroteros para el acceso a la justicia de las personas indígenas y para el ejercicio del derecho de autodeterminación de los pueblos y comunidades también encierra diversas insuficiencias, contradicciones e, incluso, trampas procesales; todo lo cual, es analizado en esta obra con un enfoque multidisciplinario y en clave de pluralismo jurídico por historiadores del derecho, abogados postulantes, juzgadores federales y locales, peritos antropólogos, defensores de derechos humanos, académicos y filósofos. Esta obra contribuye a cuestionar a la vez que aplicar el numeral en cuestión en los distintos ámbitos del quehacer jurídico (en los debates académicos, en los litigios estratégicos, en las resoluciones judiciales), para evidenciar que en su redacción aparentemente neutral subyace la confluencia de una visión profundamente positivista-estatista de las relaciones jurídicas del Estado con las personas, pueblos y comunidades indígenas a la par de un esbozo de una forma distinta de reconocer e interactuar con ellos.