La adición del artículo 69-B al Código Fiscal de la Federación (CFF) en 2014 marcó un parteaguas en el combate contra la defraudación fiscal en la nación mexicana por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), derivado de la comercialización de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet o Facturas Electrónicas (CFDI), tal como lo señalaba en la exposición de motivos el entonces titular del Poder Ejecutivo Federal al referirse a los operadores de este tipo de prácticas con el término traficantes. Los esquemas agresivos de evasión fiscal se señalaban en dicha exposición de motivos como una de las causas más dañinas y que más han contribuido para agravar la recaudación fiscal. Con este nuevo numeral se pretendía generar instrumentos eficaces que permitirían combatir frontalmente dicho fenómeno, aunado a la tipificación de dichas conductas como delictivas para efectos penales al reformarse la fracción III del artículo 113 del CFF; fracción que a la postre fue objeto de una nueva reforma, para después derogarse y adicionarse un artículo 113-BIS, posteriormente reformado por el legislador. El denominado tráfico de los CFDI evolucionó en el tiempo a tal grado que los contribuyentes evasores recurrieron a estructuras más complejas para obtener beneficios fiscales en perjuicio del fisco federal. En la aplicación de este nuevo ordenamiento, muchos contribuyentes ajenos a dicha práctica, en su calidad de emisores o receptores de dichos comprobantes, se han visto afectados por cuestiones de naturaleza administrativa, lo cual los orilla a defenderse ante tales determinaciones al no considerar elementos de prueba para desvirtuar las presunciones o en su caso la adquisición efectiva de los bienes o servicios en ellos contenidos, aludiendo a un concepto no regulado en el sistema jurídico mexicano como lo es la "materialidad".