La salud de una democracia necesita de una buena prensa. Es un contrapeso social imprescindible a los abusos de poder y condición indispensable para atacar la corrupción a través del trabajo diario de informar e investigar. Sin embargo, este bien público está comúnmente expuesto a limitaciones de poderes formales e informales que prosperan en el silencio, la opacidad, la falta de rendición de cuentas y la simulación de los gobiernos. La promesa de la libertad de expresión fue central para la democratización mexicana y el país emprendió desde hace dos décadas reformas institucionales y legales para hacerla realidad. No obstante, en ese lapso la percepción sobre los cambios y la imagen del país en los indicadores internacionales se ha deteriorado y seguido una trayectoria opuesta al sentido de la transformación institucional. A pesar del avance del pluralismo político, del derecho a saber y del mayor conocimiento de la información pública, la libertad de prensa es uno de los mayores déficits de la democracia. Su trabajo se inscribe en el marco legal de un estado débil para garantizarlo y dentro del proceso político en que persisten viejas prácticas como el reparto de rentas a través de mecanismos como la publicidad oficial, que limitan su autonomía y distorsionan la agenda del debate público. En estos dilemas, los últimos en hablar han sido los periodistas y comunicadores para conocer de primera mano el estado orgánico en que ejercen normalmente su labor cotidiana en el terreno de juego del país y de los estados: ¿Cuál es la agenda pendiente de los medios en su relación con el Estado?