El amparo, como el máximo instrumento de defensa del gobernado frente a los actos de autoridad, es sin duda una cuestión de interés general y, dado las últimas reformas que ha tenido con la promulgación de la nueva Ley de Amparo, resulta prioritario que la comunidad jurídica, y la sociedad en general, reflexione acertadamente sobre la forma en que éste va a influir dentro de cada una de las etapas de los juicios orales. Nuestro actual sistema de justicia penal se encuentra en crisis, en todos y cada uno de sus sectores y niveles; ello nos permite reflexionar, también, que dicho sistema está urgido de un cambio importante, pero también nos hace cuestionar sobre cómo hacerlo. El incremento de los asuntos penales trae consigo rezago judicial, que la impartición de justicia se torne más cuantitativa que cualitativa y, finalmente, que todo ello haga cuestionar la transparencia y confiabilidad de los tradicionales juicios escritos en materia penal. Pues el juicio escrito se encuentra viciado en todos y cada uno de sus ámbitos, desde los policías con cuotas de arresto, y facultades discrecionales que permiten que se conduzcan con toda arbitrariedad, reos incomunicados y maltratados, y no sólo en este nuevo sistema de juicios orales, sino desde el inicio de nuestros tiempos, nulo reconocimiento de los derechos humanos, a pesar de que nuestro país cuenta con un sinnúmero de derechos que en la práctica no se llevan a cabo, oficinas desordenadas y averiguaciones judiciales caóticas y mal intencionadas, que lo único que acumulan con el paso del tiempo es polvo, aunado a que para los intervinientes se vuelve tedioso, y hasta frustrante, el saber que ahí los tienen sin poder hacer nada: expedientes voluminosos y jueces aislados, que siguen operando con técnicas del viejo sistema entre otras más.