El tema lingüístico ha irrumpido recientemente en el panorama jurídico mexicano. En marzo de 2003, de manera inédita en nuestra historia jurídica, se publicó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, junto con una reforma al articulado de la Ley General de Educación. Se trata de una legislación novedosa que viene a llenar el vacío que se tenía en la materia, a la vez que incrementa el acervo de derechos reconocidos a los mexicanos, y en especial a los mexicanos pertenecientes a minorías culturales. Las aristas que presenta la nueva legislación son bastante agudas, y por ello conviene dedicarle una mínima atención a efecto de revelarlas. Por supuesto, la exposición del contexto resulta indispensable para entender la complejidad que entrañada aplicación del fenómeno normativo en un país de minorías lingüísticas como el nuestro, donde conviven poco más de sesenta grupos étnico lingüísticos diferenciados, con múltiples problemas sociales y económicos. El lector encontrará una serie de trabajos que dan cuenta de la complejidad del fenómeno lingüístico cuando interactúa con el derecho, tanto en el caso mexicano como en otras latitudes; para ello se alude tanto a los problemas como a las soluciones, pero también se presentan escenarios probables y propuestos para las políticas públicas que requieren instrumentarse en nuestro país.