La complejidad de los problemas que afectan la realidad social de la actualidad, exige del derecho en general y de las políticas públicas de la criminalidad en particular, acciones concretas de reacción y atención al problema social del delito, que garanticen la protección de las víctimas y el ejercicio de derechos, tanto de ellas como de los imputados de delito, así como las condiciones de equidad, sin discriminación ni desventajas para su accesibilidad. La manera en cómo las entidades públicas reaccionan sin embargo, no suele corresponderse con la narrativa jurídica que las leyes consignan como teleología; el discurso jurídico suele desvanecerse al encontrarse con la realidad. Reflexionar críticamente sobre la forma en que se reacciona al delito, requiere de argumentos producto de un análisis objetivo sí, pero profundo que evidencie estas contradicciones y delinee posibles alternativas. Las reflexiones contenidas en los argumentos desarrollados por los integrantes del Cuerpo Académico: Garantismo y Política Criminal en este texto, tienen la intención desde las diversas disciplinas de especialidad de sus integrantes de dotar al lector interesado de insumos para su propio análisis reflexivo y también para que estructure su propia síntesis.