En este tiempo de profundas y relevantes transformaciones en todos los órdenes de la vida social, política económica y jurídica, la buena administración y el buen gobierno de los asuntos de interés general está de palpitante actualidad, pues representan un principio básico que debe caracterizar la actuación de todas las instituciones, también de las públicas. Además, tras la aprobación de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales en el año 2000 es, así mismo, un derecho esencial de todos los ciudadanos europeos, que pueden exigir de los tribunales de justicia actuación de los poderes públicos de la Unión Europea equitativas, imparciales y en plazos racionales.