José Roberto, a través de su amplia experiencia, nos lleva a conocer un problema hasta ahora poco tratado: la corresponsabilidad de las instituciones en aquellos casos de demandas y denuncias médico legales, instituciones de salud donde, en ocasiones, el médico desarrolla su labor careciendo de los insumos indispensables. Pese a esas condiciones, no es a la institución contra quien se busca ejercer acción penal, sino contra el profesional que prestó el servicio. Sin embargo, como no corresponde al médico mantener permanentemente la disponibilidad de lo necesario para la prestación del servicio, sino a la institución, es entonces a ésta a la que inicialmente debía haberse demandado. Considero que el autor esta convencido de que la dignidad por la cual lucha, es común a los médicos y a los pacientes; que ambos merecen respeto y consideración; que ocuparse de estos temas no significa, de manera alguna, desconocer la índole del quehacer médico, el cual deber ser entendido como un verdadero sacerdocio laico, copado de dificultades y sacrificios; como una profesión dura y compleja, que tiene ganada la consideración y el respeto de la ciudadanía y de la sociedad civil.