Es sabio que, en un momento dado, el Estado tomó en sus manos la potestad de perseguir y castigar los delitos que antes estaba librada a la venganza. Fue a partir de entonces que la persona directamente ofendida por el delito quedó fuera de acción y la respuesta hacia el ofensor se reservó a los operadores estatales invocándose razones de justicia y equidad.