No se puede ignorar, cuando ahora escribimos la cuarta edición del Código Nacional de Procedimientos Penales comentado, junto con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (29-12-2014), la Ley Nacional de Ejecución Penal (16-06-2016), la reforma del Sistema Nacional de Seguridad Pública (02-01-2009) y la Ley Nacional de Justicia Integral para Adolescentes (16-06-2016), que aquella es hoy una vieja historia que inicia con el proyecto del presidente Vicente Fox Quesada, cuyo periodo terminó sin esa legislación; continúa con el presidente Felipe Calderón Hinojosa, que logra la Reforma Constitucional que la impulsa; se implementa con el presidente Enrique Peña Nieto, que logra la unificación de las Legislaciones Procesales, y ahora se acoge por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que vuelve a introducir la Secretaría de Seguridad Pública. No es posible implementar un proceso si no se han reformado, de manera coherente, las leyes orgánicas federales y locales del poder judicial, las leyes orgánicas federales y locales del Ministerio Público, que deben contener la legislación para la policía ministerial y la policía técnica y científica o, en su defecto, las respectivas leyes federales y locales para la policía de investigación. De igual manera, es necesario arrasar con la burocracia de órganos técnicos para contar con los necesarios tribunales de apelación de sentencia, tribunales de apelación de autos o tribunales de alzada, tribunales de enjuiciamiento, jueces de control, así como el mínimo de agentes y fiscales del Ministerio Público que, en conjunción con la trilogía de investigación conformada por la policía Ministerial y el cuerpo de peritos, puedan realizar las investigaciones técnicas y científicas necesarias.