El autor de esta obra considera que de la experiencia se aprende tal vez más que de cualquier otra cosa, y plantea que su experiencia como abogado postulante en materia penal le ha enseñado que la garantía de defensa no es suficiente conocida ni aplicada en toda su dimensión, por lo que en este libro aporta importantes ideas relacionadas con este derecho fundamental, y expone en el derecho penal mexicano existe una distancia entre norma y práctica, porque para él existe una atávica concepción inquisitorial de las autoridades encargadas de salvaguardar el derecho de defensa, pues denuncia que al imputado se le trata como el objeto del procedimiento, y no como el sujeto procesal dotado de derechos, lo que se traduce en no otorgar al inculpado ni a su defensor igualdad de armas. Por otra parte, el autor también denuncia que el derecho de defensa, que lleva implícito el conocer y ser informado de la acusación, en México no es respetado en la fase de averiguación previa, pese a la reforma constitucional del 3 de septiembre de 1993, ya que en su opinión, estos derechos se origina y otorga la facultad de ejercitarlo plenamente desde que exista una imputación, dado que la atribución de la calidad de imputado se traduce en un estatuto jurídico que le concede una posición de privilegio por los innumerables derechos que le reconocen las leyes, sin embargo, no se da la igualdad entre acusación y defensa. Finalmente. El presente texto también refiere la práctica que existe cuando se cita a los presuntos inculpados como testigos.