En los últimos años se ha registrado, en el ámbito jurídico hispanohablante, un renovado interés por el estudio de la prueba, los aspectos lógicos implicados en su relevancia y valoración, y de los estándares o umbrales que deben ser alcanzados para que una decisión sobre la adjudicación de los hechos pueda ser legalmente convalidada. La razón más relevante de este nuevo enfoque —por sobre todas las que puedan ser plausiblemente explicativas— se vincula al movimiento de reformas del proceso penal que se produjeron en el conjunto de las jurisdicciones locales latinoamericanas desde los inicios de la década de 1990, y que implicaron el abandono de los viejos modelos de la prueba tasada, hacia el sistema acusatorio adversarial, regido —en este campo— por la libre valoración razonada de la prueba para la fijación de las hipótesis descriptivas de los hechos. Por lo pronto, puede sustentarse que la adopción de un sistema de libre valoración de la prueba, para la acreditación de las hipótesis descriptivas de los eventos que son materia de la imputación, condujo en aquel nuevo escenario a la necesidad de racionalizar aquellas afirmaciones adjudicativas, para controlar que las mismas pudieran ser legitimadas con la pretensión de verdad. De tal modo que todos los debates en torno a estos problemas sean tributarios de una misma preocupación; regular y restringir los efectos del riesgo del error que implica toda afirmación humana, derivada de las restricciones sobre los medios empleados, el método utilizado y las limitadas capacidades que el conocimiento y la cultura nos proporcionan para acceder a la verdad en sí. Esta obra, tanto en su totalidad como en cada uno de sus trabajos, se inserta en ese debate con una profundidad, seriedad y extensión que la llaman a ser punto de partida y referencia obligada en las investigaciones que con posterioridad se realicen sobre esos mismos puntos.