Esta obra parte de que el currículo de las instituciones de educación superior (IES) que imparten la licenciatura en Derecho contiene materias procesales insuficientes; los programas de estudios de carácter procesal están diseñados para una enseñanza del Derecho Procesal fraccionada y encajonada en cada una de sus ramas, formando al estudiante de manera dispersa e independiente. Los cursos resultan deficientes en el cometido de proporcionar una sólida educación para su práctica profesional, con la cual se solucionen los problemas legales de la sociedad. Con este entendido, se analizan conceptos relacionados con la enseñanza y se da cuenta de las asignaturas procesales que se ofertan en las escuelas públicas del país, en algunas universidades privadas, así como en otras de Iberoamérica; también se esboza una teoría del proceso. A partir de las preguntas de qué y dónde se encuentra el derecho se evidencia que éste es una ciencia teórico-práctica, por lo que así debería enseñarse. Asimismo se realiza una propuesta de contenidos de cuatro materias con las que se pretende actualizar el currículo, en la que se abordan los de acción, defensa, pruebas e impugnación. Por último se propone una innovación al currículo de las escuelas que brinden la carrera de Derecho, introduciendo cuatro asignaturas procesales obligatorias, las cuales ofrecerán una enseñanza unitaria, partiendo de la aplicación de la ley al caso concreto, y después se estudian las impugnaciones, en donde ya no se trata de la aplicación, sino de evidenciar las violaciones a la ley en los actos de autoridad. Propuestas que son aplicables y adaptables a todos los tipos de currículo.