Cuando en el año 2006 impartí mi primera especialidad en justicia para adolescentes en México, informé que la “especialización” a la que se refería, desde el 2005, la Constitución Política para el Sistema de Justicia para Adolescentes no era título o grado de especialidad. Para ese entonces se había organizado en varias entidades federativas las especialidades para capacitar a magistrados, jueces, fiscales, defensores y algunos cuerpos de Policía. Recuerdo que eran decenas de alumnos que, entre más alto el puesto, menos atención ponían. Un especialista es “quien se dedica a algo, a eso, con constancia, sometiendo sus conocimientos al criterio distinto y al criterio de los otros”. He copiado, en el primer capítulo de este libro, un estudio que ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el apartado sobre el “principio de especialidad”, que corrobora mi dicho. Me pareció importante que, además de leer el libro, se tuviera una parte en este apartado y, con mayor autoridad que la mía, pudiéramos leer y estudiar las distintas razones del porqué de la especialidad. Desde el derecho internacional de los derechos humanos se tiene claro que si, en los distintos temas del derecho (a la vez interesa el alcance internacional del mismo), no se produce especialidad, esto es, personas dedicadas a estudiar el tema con serios trabajos de campo, no se avanza. Por eso, es posible sostener que gracias a la Organización Americana de Derechos Humanos (OEA) se puede contar con procesos penales en casi la totalidad de los países de Latinoamérica.