En México, en 1992 fue reformado el artículo 27 constitucional. A la par, fueron emitidas leyes secundarias, entre éstas la Ley Agraria, con la innovación de permitir la entrada de actores privados en la explotación y aprovechamiento de tierras, aguas, bosques y minerales. Sin embargo, el sustancial cambio legal que supuso la apertura de las tierras ejidales a un mercado formal no generó las transformaciones de la seguridad jurídica que desde la lógica neoinstitucional se esperaban. El mercado formal de tierras ejidales es pequeño y contrasta con el amplio mercado irregular desarrollado durante décadas antes de la reforma legal. Al mismo tiempo, nuevos conflictos agrarios derivados de las transferencias ilegales de tierras ejidales y comunales surgen y desembocan, con mayor frecuencia, en tribunales.