¿Se puede privar de la vida a una persona en legítima defensa? ¿Cuáles son elementos de esta causa de justificación? ¿Se pueden utilizar mecanismos predispuestos de autoprotección, como vallados electrificados, virus informáticos, perros entrenados o autodisparadores, para la protección de la propiedad? Estos y otros interrogantes son abordados por el autor, con una profundidad como no se había hecho antes en esta temática, hasta llegar a conclusiones que desafían a la doctrina mayoritaria: las causas excluyentes de la antijuridicidad, sostiene Ontiveros Alonso, no resuelven los casos de lesiones a bienes jurídicos causadas por mecanismos predispuestos de autoprotección. De ahí que sea necesario entrar al estudio del riesgo permitido, las fuentes de determinación de la cuota máxima de peligro, así como al resto de elementos de la teoría de la imputación objetiva, para enfrentar esta problemática y extraer una solución, científicamente sólida, y aplicable en el proceso penal.