En México, como en el resto del mundo, durante las últimas décadas, el fenómeno de las adicciones se ha convertido en uno de los asuntos primordiales en la agenda de trabajo gubernamental, especialmente en el rubro de salud y atención a la población; aunando al interés mostrado por académicos e investigadores, quienes han insertado esta problemática como un tema pertinente para ser abordado dentro de sus proyectos de investigación. Teniendo como sustento normativo e institucional a la democracia representativa y a la organización político administrativa de carácter federal, el Estado ostenta una responsabilidad fundamental en materia de gobernabilidad democrática, más allá del ámbito electoral, en tanto le ha sido conferida la responsabilidad de establecer criterios, políticas y estrategias que le permitan atender de manera transparente, oportuna y eficiente los problemas sociales cada vez más diversos y complejos. Para cumplir esa función, el Estado dispone de la administración pública, que en la actualidad refiere a la estructura de gobierno con capital humano especializado, así como con los recursos materiales, financieros en informáticos asignados de manera periódica conforme a derecho; encargada de diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas que se materializan en regulaciones, bienes y servicios públicos. Cabe puntualizar que las políticas públicas constituyen un conjunto o secuencia de decisiones, concernientes a la selección de los fines y de los medios para alcanzar objetivos generales y particulares de carácter sectorial, a fin de resolver como se ha dicho demandas y problemas sociales; es menester tomar en cuenta esta última distinción, pues no todas las demandas que la población plantea a las autoridades alcanzan el estatus de problema, siendo una atribución de facto de la autoridad administrativa, determinar que un hecho social de carácter conflictivo sea colocado en la condición de problema, susceptible de ser atendido por la estructura referida.